La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en una primera etapa un proyecto de ley destinado a salvaguardar la libertad de navegación y el intercambio comercial, en respuesta a las sanciones y al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. La normativa, compuesta por 11 artículos, busca otorgar un marco legal a las operaciones de los buques petroleros venezolanos y proteger la economía interna frente a lo que el oficialismo califica como actos de piratería en el Caribe.
El instrumento legal establece castigos severos para cualquier individuo o entidad que colabore, financie o promueva las restricciones internacionales contra el país, con penas de entre 15 y 20 años de prisión. Además de la privación de libertad, la propuesta contempla multas pecuniarias de alta cuantía, calculadas con base en el tipo de cambio oficial.
Según los legisladores, la iniciativa se fundamenta en la Convención de Ginebra y en la Carta de las Naciones Unidas, con el propósito de defender la soberanía en alta mar. La aprobación en primera discusión se produce en un contexto de reciente intensificación de la vigilancia militar estadounidense, que ha derivado en la incautación de tanqueros y cargamentos de crudo.
Washington sostiene que estas acciones forman parte de la lucha contra el narcotráfico y del control de la denominada «flota fantasma» venezolana. Por su parte, las autoridades de Caracas denuncian que se trata de una estrategia orientada a ejecutar un cambio de régimen y a apoderarse de las riquezas naturales del país.
Se prevé que el Parlamento someta el proyecto a una segunda discusión inmediata, tras la cual podría quedar ratificado de forma definitiva.
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