En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado su llamado urgente a los Estados de las Américas para robustecer los marcos legales e institucionales que buscan prevenir, proteger y sancionar la violencia contra las mujeres, conforme a las obligaciones establecidas en la Convención de Belém do Pará. Este llamado se produce en un contexto alarmante, donde se reporta que el 25% de las mujeres en la región han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de sus parejas, y diversos países muestran un incremento en los casos de feminicidios.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 15% de las mujeres en América del Norte y un 11% en América Latina y el Caribe han experimentado violencia sexual por parte de personas ajenas a sus parejas íntimas en algún momento de sus vidas. Además, ONU Mujeres destaca que en América Latina y el Caribe, apenas el 37% de las mujeres se sienten seguras al caminar solas por sus barrios durante la noche.
La violencia estructural contra las mujeres se ve exacerbada por crisis de institucionalidad democrática, migratorias y las relacionadas con el crimen organizado, las cuales afectan de manera diferenciada a las mujeres.
Retrocesos y Avances en Políticas Públicas
Durante 2024, varios países han registrado retrocesos significativos en las políticas públicas contra la violencia de género, tales como la eliminación de ministerios especializados, recortes presupuestarios y el desmantelamiento de enfoques de género en el sector público y judicial. Esto incluye intentos de limitar la credibilidad de los testimonios de víctimas, reducir los plazos para denunciar violencia y decisiones judiciales que minimizan la protección contra la violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Paralelamente, persisten discursos oficiales que estigmatizan la defensa de los derechos de las mujeres y niegan la violencia estructural de género.
A pesar de estos desafíos, la región también ha experimentado avances notables en políticas de despatriarcalización, la promoción del liderazgo femenino en la construcción de paz, y la implementación de servicios especializados para mujeres en situación de violencia. En el ámbito judicial, se destacan protocolos de investigación con perspectiva de género y leyes que garantizan la reparación integral a familiares de víctimas de feminicidio.
Llamado a la Acción y Participación Social
La CIDH resalta la necesidad imperativa de avanzar en la implementación de leyes y políticas específicas que aborden las causas y consecuencias de la violencia de género. Se subraya la importancia de contar con instituciones enfocadas exclusivamente en la violencia contra mujeres y niñas, respaldadas por presupuestos adecuados que permitan monitorear los avances y garantizar la rendición de cuentas.
La violencia contra las mujeres es descrita por la CIDH como un fenómeno multifacético, estructural y sistémico, que exige transformaciones profundas en las representaciones culturales basadas en estereotipos de género. Por lo tanto, es esencial que los Estados fortalezcan políticas públicas orientadas a la prevención, la protección y la sanción efectiva de la violencia, con un enfoque normativo, institucional y cultural.
Protección de Niñas y Adolescentes
Se subraya la urgencia de implementar enfoques específicos para proteger a niñas y adolescentes del abuso sexual y sus consecuencias, garantizando la debida diligencia en la investigación, enjuiciamiento y sanción, así como el acceso no discriminatorio y no estigmatizante a servicios integrales.
Finalmente, la CIDH enfatiza que la construcción y seguimiento de políticas públicas para la protección de las mujeres deben contar con la participación activa y liderazgo de las mujeres, mecanismos eficientes de denuncia, y una producción y acceso a la información que faciliten la rendición de cuentas.
La CIDH, como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), continúa su labor de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo en esta materia. Conformada por siete miembros independientes, la Comisión reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en el continente.
