Valentina Ballesta, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar de forma coordinada todas las instituciones gubernamentales —poder judicial, legislativo y ejecutivo— para ejecutar una política de represión sistémica contra cualquier forma de disidencia. Sus declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista exclusiva con el programa La Tarde de NTN24, en el contexto de una intensificación de las detenciones arbitrarias en Venezuela.
Ballesta sostuvo que la represión en el país no es aleatoria, sino un mecanismo de Estado diseñado para “generar esta situación de zozobra en la población”. “Estamos hablando de que se emplean todos los mecanismos del Estado: el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo a través de la policía y los organismos de inteligencia”, expresó.
Las afirmaciones de Amnistía Internacional se enmarcan en un contexto de denuncias sobre un patrón de secuestro y arresto de familiares de opositores en el exilio. Según la organización, estas prácticas forman parte de una estrategia para ampliar el impacto de la persecución política más allá de las personas directamente señaladas por el gobierno.
En este escenario, la activista Tamara Sujú dio a conocer el caso de la familia del teniente exiliado Christian Hernández Castillo. De acuerdo con su denuncia, pocos días después de reportarse el secuestro de la adolescente Samantha Hernández, de 16 años, agentes del gobierno habrían desaparecido a una segunda mujer de la familia, su hermana Aranza de los Ángeles Hernández Castillo.
El teniente Hernández es señalado por el oficialismo de haber participado en la denominada “Operación Aurora” de 2019. Sin embargo, las medidas represivas descritas se habrían extendido a la totalidad de su círculo íntimo. Su esposa, Maykelis Borges, su hijo recién nacido y su tío, Henry Castillo, se encuentran actualmente bajo arresto, según la información divulgada.
Ballesta calificó estos hechos como el “cruel uso de los afectos más cercanos” como herramienta de castigo, y subrayó que estas violaciones no se limitan a afectar a la persona considerada “objetivo” del gobierno. Indicó que las acciones represivas se extienden para impactar a sus familias y comunidades enteras, lo que, según sus declaraciones, amplifica el efecto del terror político en la sociedad venezolana.
NTN24
