La Fiscalía Anticorrupción de España ha detectado indicios de que el rescate millonario otorgado a la aerolínea Plus Ultra en 2021 podría haber sido utilizado para blanquear dinero procedente de Venezuela. La compañía recibió 53 millones de euros del Estado español, en el marco de las ayudas a empresas estratégicas durante la pandemia, a pesar de contar con una flota mínima y una participación de mercado prácticamente insignificante.
Según la investigación preliminar, parte de estos fondos habrían sido desviados a cuentas en el extranjero, presuntamente vinculadas a una red criminal dedicada al blanqueo de capitales originados en Venezuela. Autoridades francesas y suizas también han revelado que esta red operaba en varios países europeos y habría utilizado mecanismos como la venta de oro del Banco de Venezuela y complejas estructuras financieras conocidas como “clubes de abastecimiento y producción” para mover fondos ilícitos.
La Audiencia Nacional española rechazó inicialmente investigar el caso, argumentando que los supuestos delitos ocurrieron principalmente en Venezuela, fuera de su jurisdicción. Ante esta decisión, Anticorrupción evalúa presentar la denuncia ante un juzgado de Madrid, mientras mantiene coordinación con las fiscalías de Suiza y Francia, que ya investigan la trama.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró recientemente la sede de Plus Ultra en Madrid y detuvo a Julio Martínez, presidente de la aerolínea, y Roberto Roselli, consejero delegado, en el marco de la investigación por blanqueo de capitales. El caso ahora está bajo la competencia del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
La ayuda estatal fue concedida por el Consejo de Ministros, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), quien justificó la operación por considerar a Plus Ultra una empresa “estratégica” para España. Sin embargo, desde el inicio el rescate generó críticas: la aerolínea contaba únicamente con dos aviones, no reportaba beneficios económicos y tenía apenas 0,1 % de participación en el mercado aéreo español.
El caso ha reabierto el debate sobre posibles vínculos entre la gestión del gobierno español y la corrupción venezolana, en un contexto que recuerda investigaciones anteriores relacionadas con la financiación de operaciones en el extranjero vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
La Fiscalía de Francia (Parquet National Financier) y la Fiscalía de Suiza (Fiscalía de Ginebra) están colaborando con España para rastrear los fondos y esclarecer la red de lavado. Según los informes, se trata de un entramado internacional que habría utilizado la aerolínea como canal de fondos ilícitos, afectando el sistema financiero europeo y vinculándose a operaciones de oro y transferencias opacas.
La denuncia presentada por Anticorrupción señala presunto blanqueo de capitales y uso indebido de fondos públicos, y apunta a la existencia de una organización criminal que operaría entre España, Suiza, Francia y Venezuela. La investigación continúa abierta, mientras las autoridades buscan determinar la extensión del posible fraude y las responsabilidades de los directivos de Plus Ultra.
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