Esta semana se dio inicio en Cuba al juicio contra 16 ciudadanos implicados en una protesta en marzo de 2024 en Bayamo, Granma, quienes exigían soluciones ante los constantes apagones y la falta de alimentos. Los acusados, entre los que se encuentran 14 hombres y 2 mujeres, enfrentan cargos de desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, tenencia ilegal de armas e instigación a delinquir, según el régimen cubano.
El medio oficialista Granma describió la manifestación como “disturbios”, resaltando este caso en una inusual cobertura judicial. De los 16 acusados, 13 han permanecido en prisión preventiva por más de un año. Las peticiones fiscales, divulgadas en junio, reclaman penas de hasta siete años de cárcel para los manifestantes. Entre los encarcelados figuran nombres como Odalys Zamora Rondón (7 años), René Aguilera Aguilar (6 años), y Mario Luis Espinosa Cedeño (5 años).
Algunos de los acusados, como Duaniel Carmona y Rangel Domínguez, enfrentan prisión domiciliaria. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado que estas condenas tienen motivaciones políticas, considerando que se está castigando el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Desde la prisión, el activista Julio César Vega Santiesteban expresó que los detenidos solo buscaban una vida digna, libre de hambre y desesperación. Acusó al régimen cubano de mantener, tras más de seis décadas en el poder, una política de represión y encarcelamiento contra quienes se atreven a alzar la voz. Este juicio se perfila como un nuevo símbolo del control estatal sobre la disidencia social en la isla.
@ADNCuba
