El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado una represión sistemática contra la libertad religiosa en Cuba, registrando al menos 31 violaciones durante el mes de agosto. En una publicación realizada este miércoles en sus redes sociales, el OCDH subrayó que estos casos reflejan una tendencia continua hacia la opresión de las creencias y la fe en la isla.
Entre los incidentes destacados, se encuentra el interrogatorio a Marilín Alayo, esposa del pastor exiliado Alain Toledano. Asimismo, se refirió a la prohibición de viajar a La Habana impuesta a Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo del Centro de Estudios Convivencia, y al interrogatorio al Soberano Gran Comendador de la Masonería cubana, José Ramón Viñas Alonso.
El OCDH ha señalado que estos eventos “reflejan una represión sistemática contra la libertad de religión y creencias en Cuba”, exigiendo respeto por este derecho humano fundamental. Además, la organización informó que durante 2024 han registrado un total de 966 actos en contra de la libertad religiosa.
La organización enfatizó que en Cuba, “las religiones siguen bajo sospecha”. La existencia de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista y de unidades especiales de la contrainteligencia para manejar a líderes religiosos e infiltrar y vigilar a sus comunidades, contradice el proclamado carácter laico del Estado y desafía la imagen de tolerancia religiosa que el gobierno pretende proyectar.
Según el OCDH, en el país hay más de 60 iglesias, ministerios o congregaciones cristianas que carecen de reconocimiento legal. Entre ellas, destacan “Viento Recio” en Las Tunas, “Dios sacude a Cuba y a las Naciones” y “Emmanuel” en Santiago de Cuba, así como “Palabra de Fuego Bendición Sagrada” en Camagüey.
Un informe reciente de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) corroboró que la situación de la libertad religiosa en Cuba permanece precaria. Según este informe, el régimen cubano emplea un marco legal represivo para controlar estrictamente las instituciones religiosas y criminalizar actividades religiosas que se consideran contrarias a su ideología.
Esta serie de denuncias y reportes subraya la necesidad de una evaluación continua y crítica de la situación en la isla, especialmente respecto a los derechos fundamentales relacionados con la libertad de credo y expresión.
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