En un desarrollo reciente, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, ha sido identificado como una figura central en la orquestación de los ataques estadounidenses contra presuntas lanchas narcotraficantes venezolanas en el Caribe. Según tres fuentes familiarizadas con la situación, que hablaron con The Guardian, el papel de Miller supera incluso al de Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad del entonces presidente Donald Trump.
La operación contra el narcotráfico, considerada prioritaria por la administración de Trump, se ha ejecutado a través del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (HSC), dirigido por Miller. Este año, Miller ha otorgado al HSC una mayor autonomía, permitiéndole tomar decisiones sin depender directamente del Consejo de Seguridad Nacional tradicional. Como resultado, las órdenes de ataque han sido generadas en un círculo reducido, liderado por su adjunto, Tony Salisbury.
Un ataque notable ocurrió el 15 de septiembre, cuando un barco venezolano fue alcanzado por misiles Hellfire. Aunque el Pentágono había identificado el objetivo días antes, la mayoría de los altos funcionarios fueron informados solo horas antes de la operación.
Justificación de la Ofensiva y Controversia Legal
Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que los ataques fueron “dirigidos por el presidente Trump” y que toda la administración trabaja conjuntamente para ejecutar sus directivas. Sin embargo, el protagonismo de Stephen Miller ha generado dudas legales y políticas. La administración sostiene que los ataques se sustentan en el artículo II de la Constitución, que permite al presidente emplear fuerza militar en defensa propia. Esta argumentación se apoya en la designación del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, lo que, según Miller, vincularía al gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico.
Juristas, no obstante, cuestionan la validez de esta conexión. El tribunal de apelaciones del quinto circuito determinó el 2 de septiembre que las deportaciones de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros eran ilegales, al no demostrarse que el Tren de Aragua actuara como brazo del gobierno venezolano.
Otra controversia es la ausencia de asesores legales internos en el HSC y el Consejo de Seguridad Nacional tras la reestructuración de mayo. Sin embargo, la autorización para los ataques provino del asesor general del Pentágono, Earl Matthews, del Departamento de Justicia y de la oficina legal de la Casa Blanca.
Con el creciente papel de Miller, se refuerza la percepción de que el exsubjefe de gabinete ha pasado a ser uno de los principales arquitectos de la política exterior de Trump hacia Venezuela, generando inquietud incluso entre miembros de la administración.
Poder Militar de EE. UU. en el Caribe
La presencia militar de Estados Unidos en la región incluye al grupo anfibio de preparación Iwo Jima, conformado por el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, sumando más de 4,500 marineros y la 22ª unidad expedicionaria de marines, que agrega 2,200 efectivos. Aunque este despliegue ha sido presentado como parte de la estrategia contra el narcotráfico, organismos internacionales y defensores de derechos humanos lo ven como un posible caso de “ejecución extrajudicial” en aguas internacionales.
El Nacional
